Problemas de la tercera edad
Todo ciudadano consciente está naturalmente empeñado en contribuir hacia el progreso social y en particular en la resolución de los innumerables problemas existentes. Cada vez se generaliza más la convicción de que la intervención cívica, en el sentido de proporcionar y concretar medidas o reformas en el ámbito político, económico, social y cultural, es un complemento importantísimo para la acción de los órganos de poder político –central y autonómico-, y de los servicios de la Administración Pública, así como del papel confiado a los partidos políticos.
Tenemos muy frescas aun en la memoria colectiva terribles experiencias (o amenazas) totalitarias. Por esa importante razón resaltamos claramente que no se pretende cuestionar el sistema de democracia representativa, y la función que desempeñan los partidos políticos en ella, al encuadrar, institucionalizar, conformar y expresar la soberana voluntad popular. Asimismo todos reconocemos que la democracia supone muchas virtudes en las que hay que profundizar, concretamente en el sentido de una mayor participación de los ciudadanos.
Una vez establecido el régimen democrático y pluralista, ahora es posible, sin aventuras u utopías inconsecuentes, combinar la democracia representativa con formas de democracia directa, dando espacio y atención a las propuestas emergentes de la sociedad civil.
A medio plazo es posible vislumbrar el momento en que la intervención directa de todos los ciudadanos en la formación de la voluntad política sea una realidad en cualquier decisión importante a tomar –excluyendo aquellas que impliquen un específico conocimiento científico o técnico-. En diversos países se han realizado experimentos de tipo refrendario, que aunque controvertidos, son como mínimo una interesante prueba al instrumento de la participación popular. No es impensable que un día, a través de una generalizada red de enlaces informáticos, todo ciudadano pueda habitualmente expresar su voto sobre los más diversos asuntos sobre los que hay que decidir. Usando tales medios, el sufragio sería inmediato y los gastos casi nulos. Antes de que llegue ese momento, es importante que se conceda voz a los ciudadanos (individual y colectivamente) y que los agentes políticos, en una medida razonable, puedan estar atentos a iniciativas, sugestiones y contribuciones eventualmente validas.
Los problemas de la 3ª edad
Olof Palme, el gran estadista sueco, repetía con frecuencia las siguientes o parecidas palabras: “los más ancianos son el fundamento de la cultura de una sociedad; y sobre los cimientos de su trabajo usufructuamos el presente y construimos el futuro”. Los grandes filósofos y sabios de la Grecia Antigua dejaron elocuentes y enfáticos consejos sobre la reverencia debida a los ancianos. Es lamentable que en nuestra civilización apresurada y consumista, tantas veces insensible y desatenta, se olvide con facilidad el tributo moral y material que tienen derecho recibir –ellos trabajaron, edificaron y lo dieron todo hasta que les empezaron a fallar las fuerzas-, que se menosprecie su amplia experiencia, que no se haga todo lo posible para que la ultima fase de su vida sea lo más agradable y reconfortada, y no pesada y dolorosa.
No se encuentra en nuestra mano impedir situaciones de enfermedad o de pérdida de compañeros íntimos o próximos; no obstante todos disponemos de medios para garantizar el máximo confort y el mínimo de soledad y aridez de vida a los más mayores. Disponemos de medios para al menos aliviar sus preocupaciones materiales y atenuar las sombrías perspectivas con que tantas veces encaran el futuro. En ese ámbito, presentaremos hoy una propuesta –simple, con ser un inicio-, a otras que seguirán oportunamente.
Las aficiones no se inventan artificialmente
Muchos son los casos en los que los ancianos ingresan en residencias de la 3ª edad, enfrentando lo desconocido, penetrando en un medio donde no tienen raíces, debiendo compartir el día a día con personas con quien pueden no tener (casi) nada en común: hábitos, temperamentos, ideas, preferencias, y mucho menos afectos… Es más, eso acontece a una edad en que las costumbres se encuentran más arraigadas, siendo más difícil alterar comportamientos, superar diferentes formas de ser, etc.
Tal es el panorama que existe, y hoy nos proponemos contribuir a que se modifique, abogando por que el Estado encuadre jurídicamente y apoye materialmente la constitución de:
a) Comunidades para la 3ª edad de acuerdo con afinidades especificas de los usuarios.
A estos efectos, personas singulares (o parejas) se inscribirían en asociaciones culturales, religiosas, políticas, sindicales, deportivas, cívicas, o en general en Instituciones Privadas de Solidaridad que ya hubiesen establecido un acuerdo con organismos estatales (ver más adelante) para la constitución y sustentación de esas comunidades. Los ciudadanos, al efectuar esa inscripción, tendrían elementos de referencia sobre la posible afinidad con los que serían sus futuros compañeros en esas residencias de la 3ª edad: una identidad fundamental de ideas, de intereses y/o de afectos, establecida a lo largo del curso de los años, y no artificialmente de un instante a otro.
b) Establecimiento de acuerdos con organismos públicos
El Estado, a través de la Seguridad Social, o de cualquier otro organismo correspondiente de la Administración, firmaría acuerdos con las instituciones privadas antes referidas que reuniesen los requisitos necesarios, de acuerdo con los criterios legalmente establecidos, Estas deberían permitir que –imparcialmente- se pudiera contrastar (y de algún modo avalar ante los ciudadanos interesados) la solidez, honorabilidad y credibilidad de cada Asociación que se habilitase, así como definir el número suficiente de aportantes para hacer viables las iniciativas. A través de esos acuerdos, aquellas asociaciones colectivas privadas, si efectivamente desarrollan los proyectos, podrían convertirse en propietarias de “Habitaciones Comunitarias” para sus asociados. Para ello, los referidos organismos estatales intentarían comprar casas o solares desocupados, especialmente los antiguos (ya que por regla general presentan zonas soleadas más amplias y en mayor numero), y las enajenarían a favor de aquellas Asociaciones (después de realizar las obras necesarias para garantizar las dignas y adecuadas condiciones).
Cuando se produjera esa cesión, el Estado sería resarcido de una parte mínima (a definir) de la inversión realizada-, ya que las residencias solo comenzarían a ser utilizadas 10 años después de las primeras inscripciones. Luego continuaría recuperando esa inversión hasta su totalidad (pudiendo incluso recibir más que la cantidad prestada).
c) Condiciones de acceso
Las condiciones a satisfacer por las instituciones y sus asociados serían las siguientes: en términos individuales, las contribuciones se realizarían a lo largo de un periodo correspondiente a los 10 años anteriores al ingreso en la Residencia.
Juzgamos que dichas aportaciones solo deberían sufrir aumentos de acuerdo a la inflación (la cantidad a aportar debe ser objeto de un calculo muy riguroso). Las cuotas individuales serían pagadas a las Asociaciones habilitadas, que a su vez las ingresarían en los servicios estatales correspondientes.
Previamente a la utilización efectiva de la Residencia (incluyendo alojamiento, alimentación y asistencia con todos los cuidados necesarios), sería estipulada para cada persona (en base al estudio caso a caso de los respectivos patrimonios y rentas) una mensualidad accesible y considerablemente reducida en comparación con los otros sistemas actualmente vigentes, a pagar a la Entidad asociativa. Esta, tras la recepción mensual, depositaría el 60% en la Caja Estatal. El sobrante seria reservado para la adquisición del mobiliario y equipamiento (en la fase inicial, con el apoyo del Estado, considerando la previsible necesidad de adquisición de algunos elementos especializados y caros, como camas articuladas, sillas de ruedas, etc.), así como para el pago de los servicios de agua, luz, teléfono, y para la manutención logística (incluyendo la limpieza). Lo restante –alimentación, administración del establecimiento y asistencia geriátrica- estaría a cargo del Estado.
En el caso de que la Asociación se extinguiera antes de comenzar a ser utilizada la Residencia, esta regresaría al patrimonio del Estado, que reembolsaría a los aportantes el dinero invertido, (con sus respectivos intereses), o si ello fuera viable y aceptado (individualmente) proporcionaría alternativas en condiciones equivalentes. Si la disolución ocurriera con la Residencia funcionando, esta sería devuelta a la propiedad del Estado, aunque continuando activas siempre que existieran socios aportantes para su utilización.
d) Funcionamiento
Idealmente el número medio de residentes, especialmente en zonas urbanas, sería el 10 o 12 personas (las pequeñas comunidades permiten generar una atmósfera más familiar, y también una mayor eficiencia en los servicios). En las comunidades establecidas en residencias en los medios rurales, el número medio podría ser ligeramente mayor.
Cuando en las residencias existieran personas menos inválidas y/o dependientes, le cabría al Estado proveerles la asistencia adecuada a sus especiales necesidades, destacando personal habilitado a este fin: enfermeros y auxiliares de enfermería, médicos, asistentes sociales, cocineros, etc. Algunos de estos funcionarios trabajarían a jornada completa; otros en régimen parcial; y finalmente los médicos y enfermeros visitarían itinerantemente las diferentes residencias.
En cuanto a la prestación de servicios por las Asociaciones , es legitimo esperar un acompañamiento más personalizado de los residentes (en base a afinidades) por asociados voluntarios que quisieran prestar cuidados de salud y asistencia, orientar las salas de ocio, organizar paseos, hacer lecturas para enfermos, etc.
Las residencias comunitarias deberían estar sujetas a inspecciones periódicas sobre todos los aspectos de su funcionamiento.
e) Viabilidad financiera
Se revela estadísticamente que en la fase de sus vidas en que se ven forzadas a salir de su propia casa (o de casa de los familiares) y recorren una institución del tipo “hogar” o “casa de reposo”, las personas disponen de una expectativa media de vida de 5 a 6 años en los referidos establecimientos. Se trata de un periodo no excesivamente largo.
El inmueble que habría adquirido el Estado, albergaría a un número siempre acumulativo de residentes, contribuyendo todos ellos a la compra de ese bien inmueble. De este modo, según nuestros cálculos, el Estado vería recuperada la totalidad de su inversión en un plazo máximo de 15 años.
Este sería pues un servicio social apoyado por el Estado, aunque con inversiones que se cubrirían ( e incluso superadas) por las cotizaciones progresivas y mensualidades vigentes de los residentes, así como (y esto es importante) por el numeroso grupo de aquellos que pagando sus cuotas regularmente, nunca llegarían a utilizar este régimen residencial.
Síntesis
Esta medida pretende no solo volver económicamente más accesible (para las personas) el recurso a una vida comunitaria más digna, sino también ayudar a la humanización de la convivencia en común, mediante la elección anticipadamente programada del tipo de compañeros que tendrá en una fase de la vida tan particular como es la de los últimos años de cada uno.
En suma, con esta medida el Estado colaboraría con instituciones privadas para proporcionar un servicio de interés público de forma mucho más digna y de calidad del que disponemos comúnmente, sin gastos significativos. El sistema en sí resultaría en una mejor administración de los bienes para todos: patrocinador y patrocinados (Estado y ciudadanos).
Centro Lusitano de Unificación Cultural
Comentarios recientes